El nuevo contrato renegociado entre la Administración General de Puertos (AGP) y el concesionario del servicio de dragado de la Hidrovía del Paraná, Jan de Nul –que en el país opera con la denominación Compañía Sud Americana de Dragados– contempla un aumento del costo del peaje del 40% con una reducción del servicio prestado.

En el transcurso del presente año las autoridades del AGP manifestaron su intención de aumentar el peaje de la Hidrovía de 3,06 u$s/tonelada a 4,98 u$s/tonelada durante tres años para luego ubicarse en 4,12 u$s/tonelada a partir del cuatro año.

Finalmente, luego de varias meses de negociaciones con los usuarios de la Hidrovía, a fines mes del pasado se instrumentó una tarifa de peaje de 4,30 dólares por tonelada de registro neto, lo que pareció –a pesar del aumento– una suerte de buen “negocio” por el descuento aplicado respecto de la pretensión original.

Sin embargo, este martes se publicó el nuevo contrato firmado entre las partes en el cual se advierte que entre el kilómetro 470 (pasando Timbués) del Paraná y el kilómetro 587,6 (Puerto de Santa Fe) se garantiza una profundidad mínima de 17 pies, mientras que entre el kilómetro 578 y Confluencia se garantiza una profundidad mínima de 12 pies para lechos de arena y suelos semiduros y de 13 pies para lechos duros. Se trata de profundidades que habilitan sólo el paso de barcaza

Es decir: ya no se llevará a cabo la realización de una profundidad de 25 pies entre Timbués y el Puerto de Santa Fe para ahorrar costos, debido a que el uso de ese tramo por parte de buques era prácticamente nulo. En tanto, entre Punta Indio y Emilio Mitre se mantiene la obligación de mantener una profundidad mínima de 34 pies y en el Paraná Inferior de 36 pies.

La cuestión es que mientras que la lógica indicaría que un menor servicio, con el consiguiente ahorro de costos, debería ir acompañado de un menor costo, en este vaso la tarifa del peaje crece nada menos que un 40% en dólares.

La manifestación realizada por el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Miguel Arreseygor –quien responde al ministro Luis Caputo–, del hecho de la necesidad de aumentar el valor del peaje para saldar una deuda dejada por la administración anterior fue rechazada por todas las entidades que representan a los usuarios de la Hidrovía. Pero tales opiniones no fueron tenidas en cuenta y el ajuste –aunque en menor proporción a la cifra original requerida– se aplicó de todas maneras.

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El nuevo acuerdo contempla un plazo de doce meses prorrogable hasta tanto tome posesión el adjudicatario de la licitación pública, cuyos pliegos están siendo elaborados en la actualidad y deberían –si están bien confeccionados– disponer de un valor del peaje destinado a financiar exclusivamente el costo del servicio prestado.

“Ante la eventualidad de que la tarifa establecida en el presente resulte insuficiente para cumplir con el objeto del contrato, el concesionario notificará a la autoridad de control tal circunstancia, quien arbitrará los medios necesarios a los fines de asignar la partida presupuestaria pertinente para evitar una alteración en ala ecuación económico financiera del contrato”, señala el texto del contrato.

Para eso el contrato establece que el concesionario deberá acompañar, juntamente con un plan económico financiero, un flujo de fondos trimestral de sus operaciones.

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Un aumento del peaje de la Hidrovía implica, en los hechos, un menor precio recibido por parte de los empresarios agrícolas argentinos, dado que los 4,30 dólares por tonelada que se cobran por el servicio de dragado y balizando se descuentan de manera directa del precio FOB de los granos.

La diferencia de 1,24 dólares toneladas podrá parecer poca cosa, pero no lo es considerando las decenas de millones de toneladas de productos agroindustriales que se exportan anualmente por la Hidrovía del Paraná.