Desde 2002, esta herramienta recaudatoria ha sostenido en gran parte las arcas del Estado, generando más de USD 150.000 millones provenientes de productos clave como soja, maíz y trigo, lo que lo convierte en un tema recurrente en las discusiones de política económica. Este informe analiza su evolución, recaudación histórica y su impacto en los productores.

Historia y evolución del tributo

Los derechos de exportación gravan la venta de productos al exterior con base en su precio internacional o FOB. En Argentina, se eliminaron por completo en 1991 durante el Plan de Convertibilidad, excepto para el poroto de soja, que mantuvo una alícuota del 6%, y luego se redujo al mínimo histórico del 3,5%. En 2002, los DEX volvieron con un 10% en trigo y maíz, aumentando a 20% y luego 23% para el trigo en 2008.

El gobierno de Mauricio Macri (2015) volvió a eliminarlos, excepto en el complejo sojero, que quedó en 30% para el poroto y 27% para subproductos. Sin embargo, en 2018 los DEX para maíz y trigo se restablecieron a un 10,4% y bajo la administración de Alberto Fernández subieron, manteniéndose hasta la fecha en niveles elevados.

Actualmente, el complejo sojero es el más afectado con una alícuota del 33% para el poroto de soja y del 31% para sus subproductos. El maíz, el trigo y otros cereales pagan el 12%.

Sin embargo, en 2023, se eliminó el tributo para las economías regionales para promover la producción local, y en 2024, se estableció una alícuota del 0% para ciertos productos lácteos y categorías de carne bovina.

Recaudación de los derechos de exportación

El tributo recaudó durante los últimos 21 años cifras significativas. Las mayores recaudaciones ocurrieron durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de precios altos en granos.

La administración de Alberto Fernández alcanzó los USD 29.900 millones, mientras que la gestión de Javier Milei ha recaudado USD 5.680 millones en 2024.

El precio de los granos y su impacto por administración

Analizando los precios promedio FOB en términos reales, se observa que el precio más alto de la soja ocurrió en el segundo mandato de CFK (USD 662 por tonelada). En cambio, la administración de Néstor Kirchner tuvo el promedio más bajo (USD 413).

Para el maíz, CFK tuvo el mayor promedio de USD 308 por tonelada, mientras que NK mostró el precio mínimo de USD 186. Actualmente, el trigo experimenta precios en baja, con un promedio de USD 258 por tonelada.

Inversión en el sector agrícola

El sector agrícola invierte más de USD 13.800 millones anuales en la producción de soja, maíz y trigo. En Córdoba, por ejemplo, los productores destinan más de USD 3.700 millones solo en costos directos.

Sin embargo, se proyecta una caída en el área sembrada de maíz para el ciclo 2024/25 debido a los altos costos y bajos precios.

El impacto de los derechos de exportación en los productores

El DEX reduce significativamente los ingresos de los productores. En soja, representa una transferencia de 14 quintales por hectárea hacia el Estado, mientras que en maíz y trigo son 10 y 4 quintales, respectivamente.

Esto impacta especialmente en los productores que trabajan en campos arrendados, cuyo costo promedio es de 11,5 quintales de soja por hectárea.

La rentabilidad para la campaña 2024/25 se ve afectada también por los precios bajos, y muchos productores podrían terminar con balances negativos en campos arrendados.

Además, la brecha cambiaria actúa como un impuesto adicional, ya que las ventas se liquidan al tipo de cambio oficial, aunque se han implementado programas como el Programa de Incremento Exportador (PIE) para mejorar el valor del dólar recibido.

Conclusiones

Los derechos de exportación en Argentina son un tributo que distorsiona el mercado, afectando la inversión, la rentabilidad y la sostenibilidad del sector agropecuario. Argentina, a diferencia de otros países que subsidian su agroindustria, aplica impuestos que generan incertidumbre y desalientan la inversión en tecnología, maquinaria y fertilizantes.

Para el sector, la reducción y eliminación del DEX no solo beneficiaría a los productores, sino que impulsaría el crecimiento de la cadena agroindustrial a través de una mayor inversión en tecnología y una mayor exportación, aumentando el ingreso de divisas y el empleo en todo el país.