Con la exposición de la foto de una película que hoy ya está en otro tramo, el Indec informó hoy que un 40,1% de los habitantes de las poblaciones urbanas de la Argentina vivía en la pobreza en el primer semestre de este año, en tanto que un 9,3% estaba también en la indigencia.

Los datos fueron difundidos en la misma tarde en la que quedó oficialmente definido que se liberará de Ganancias a los empleados con salarios de hasta $1.980.000, y que habrá un muy significativo alivio de la carga fiscal para quienes tienen remuneraciones superiores. Es decir, se concretará una mejora que podría ser de hasta 40% del ingreso de bolsillo, con cifras superiores a $500.000 mensuales en muchos casos, para quienes están en el extremo más alto de la pirámide de ingresos de una Argentina con un drama social creciente.

La coincidencia muestra una paradoja que se da en estos tiempos, caracterizados por la altísima inflación y por estar muy próximos a las elecciones generales que tienen como candidato a presidente por el oficialismo al ministro de Economía de la Nación y hoy decisor del Gobierno, Sergio Massa.

La inflación deteriora dolorosamente la situación social y, por cierto, también distorsiona el esquema del tributo sobre los ingresos (un esquema empeorado con los cambios normativos hechos en los últimos dos años). Esto hacía necesarias varias correcciones para nada livianas, pero sin necesidad de llegar, según marcan no pocos economistas y tributaristas, a prácticamente la eliminación, en un contexto de desequilibrio fiscal y social, del impuesto sobre los ingresos personales que, en el mundo y cuando está adecuadamente aplicado, es considerado uno de las más progresivos o, directamente, el más progresivo.

Los datos de pobreza e indigencia, de por sí reflejos de una realidad dramática de un país con recursos pero con mala administración, corresponden a la primera mitad del año, un período en el cual la inflación general medida por el Indec se movió en índices de entre el 6% y el 8,4% mensual.

Luego, y mientras que julio dejó una variación de precios de 6,3%, el 12,4% de agosto estrenó el todavía más preocupante nivel de dos dígitos en el índice de suba promedio de los precios. Si se miran particularmente los valores vinculados en forma directa con el cálculo de los índices sociales, se observa que solo en julio y agosto el valor de la canasta básica alimentaria (CBA) se incrementó un 25,3%, en tanto que el de la canasta básica total (CBT) subió un 22,5%.

Los precios de las dos canastas son insumos básicos para el cálculo de la indigencia y de la pobreza, respectivamente. Son números que se cruzan con los resultados de la encuesta permanente de hogares (EPH) referidos a los ingresos de cada hogar. Y entonces, para la estadística son considerados indigentes quienes viven en hogares donde el dinero no alcanza para comprar los alimentos más básicos (los que cubren, según sexo y edad de cada integrante de cada hogar, los requerimientos “kilocalóricos y proteicos imprescindibles”). El valor del conjunto de alimentos que marca qué ingresos se debe tener para no caer bajo la línea de indigencia se multiplica, a la vez, por un coeficiente, y de esa cuenta resulta el costo de la llamada canasta básica total, que define el umbral de la pobreza.

Aún no hay datos de qué ocurrió con los ingresos en el bimestre de julio y agosto. En el primer semestre del año, en tanto, mientras que el costo de la canasta alimentaria se incrementó un 55,1% y el conjunto de bienes que define el umbral de la pobreza se encareció un 52,4%, los salarios del sector registrado avanzaron nominalmente un 47,4% y los del segmento informal lo hicieron en un 41%. Así, los del primer grupo perdieron, en promedio, un 5% del poder adquisitivo frente a los alimentos más básicos, y los del segundo grupo vieron caer su ingreso real en más de 9%.

Es muy difícil, claro, que personas y familias viviendo su día a día se vean reflejadas en expresiones numéricas y en datos que, en función de una metodología estadística, intentan ser un promedio. Las realidades y las necesidades a satisfacer varían, según el hogar. Y, por otro lado, no hay que dejar de lado que los índices difundidos por el Indec están referidos a la insuficiencia de los ingresos, mientras que existen otras carencias en cuestiones estructurales y déficit varios en accesos a servicios básicos o a una vivienda que cumpla con determinadas condiciones.

Por caso, los datos del instituto oficial de estadística revelan que el 57% de los chicos de hasta 17 años vive en hogares donde el ingreso que llega es insuficiente para comprar lo más básico, mientras que un informe de Unicef advirtió recientemente que siete de cada diez menores están en situación de pobreza por alguno de dos motivos, o por ambos: porque a sus hogares no ingresa suficiente dinero para el acceso a bienes básicos, ya sea porque sufren la privación del ejercicio de algún derecho esencial, como el acceso a la educación, a una vivienda adecuada y no ubicada en cercanía de fuentes de contaminación, a la atención sanitaria, o a los servicios de saneamiento.

Si bien hoy en la Argentina hay trabajadores registrados que están viviendo en la pobreza, en la segmentación del mercado laboral se encuentran señales muy indicativas del empobrecimiento social. En el universo de los informales hay una realidad heterogénea, con personas ocupadas en actividades por cuenta propia muy precarias.

Según datos publicados por el Instituto Torcuato Di Tella, elaborados sobre la base de datos de la EPH del Indec del primer trimestre de este año, la brecha entre el ingreso promedio de los asalariados informales y el de los formales llegó a casi 4 veces: por cada $100.000 cobrado por los registrados, los no registrados perciben alrededor de $25.500. En el mismo informe se consigna que la informalidad afectaba en esos meses al 51,3% de los ocupados, considerando al conjunto de asalariados y trabajadores por cuenta propia.

Al compás de la campaña electoral y luego de la aceleración de la inflación que siguió a la devaluación decidida por el Gobierno y concretada el 14 de agosto, en el actual septiembre y en los meses siguientes, diferentes grupos de la población obtendrán más dinero. Muy lejos de ser una solución a un problema que duele y que echó raíces fuertes, el llamado “plan platita” llevará a una mayor emisión de pesos, de esos que pierden su valor día a día. Y tal cosa, a su vez y según advierten los economistas, terminará en mayor inflación. Es decir, en más del mismo problema que, en definitiva, es el cimiento principal de la pobreza sufrida por nada menos que por tres de cada diez hogares de la Argentina.

Silvia Stang